Ya hemos conocido los efectos desastrosos en la economía, en la vida y en la salud mental de un confinamiento, y por eso no se pueden poner en riesgo los avances que se han alcanzado gracias a la vacunación.
Desde el próximo martes los mayores de 18 años tendrán la obligación de presentar el carné de vacunación contra la Covid-19, para ingresar a eventos masivos como conciertos, ferias, cines, iglesias; también se requerirá en establecimientos como restaurantes, bares, bingos y casinos. Así mismo, desde el 30 de noviembre el carné será exigible para los niños de 11 años en adelante.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, la medida tiene dos objetivos esenciales: lograr la vacunación de por lo menos el 70% de la población (35 millones de personas), para alcanzar la inmunidad colectiva, y conseguir una reactivación económica segura, evitando la posibilidad de que suceda un cuarto pico de la pandemia.
Al 7 de noviembre, se habían aplicado 49.342.027 dosis y 22.140.469 ciudadanos habían recibido el esquema completo de vacunación; es decir, aún estamos lejos de alcanzar la meta.
Aunque en el decreto que regula la medida no se contemplaron multas para los ciudadanos que no porten el carné, sí se les asigna responsabilidad a los dueños de los establecimientos o los organizadores de los eventos. De igual forma, les corresponde a los alcaldes velar por el cumplimiento del decreto. Por ahora, el alcalde de Espinal anunció su compromiso de garantizar que se cumpla en su municipio.
No obstante, la comprobada efectividad de la vacunación, existe un movimiento anti vacuna que se niega a reconocerlo y anunció una “tutelatón” para exigir la derogatoria del decreto, con el argumento de que la medida vulnera los derechos a la libre locomoción, la libertad de reunión, la libertad de conciencia, el derecho al trabajo, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad y el derecho fundamental a la dignidad y a la vida digna.
Esta avalancha de tutelas solo servirá para congestionar aún más los ya de por sí sobrecargados despachos judiciales. Parece que los antivacunas no tienen en cuenta que el bienestar común está por encima de las creencias particulares.
En ese momento no se está obligando a las personas a que se apliquen la vacuna, pero sí se les puede exigir que no acudan a lugares donde se pueden contagiar de la enfermedad o propagarla.
Ya hemos conocido los efectos desastrosos en la economía, en la vida y en la salud mental de un confinamiento, y por eso no se pueden poner en riesgo los avances que se han alcanzado gracias a la vacunación.
(*) Artículo tomado del periódico El Nuevo Día escrito el 10 de noviembre de 2021
(*) Foto tomada de caracol.com.co